El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) está evaluando de manera preliminar el incremento de las tarifas de uso turístico en las Areas Naturales Protegidas (ANP) con el objetivo de mejorar su gestión y la atención al visitante, anunció hoy la titular del sector, Mercedes Aráoz.
“Se está elaborando un estudio que va relacionado a la cantidad de servicios que se otorgan al visitante paralelamente a su llegada a un ANP, es decir, desde un lugar donde puedan descansar, centros de interpretación, seguridad, conservación del parque, entre otros”, sostuvo.
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (Minam), el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) recauda cada año 1.7 millones de dólares por tarifas de ingreso, pero la contribución de las ANP a la economía local y nacional es significativamente mayor.
En la actualidad, incluido el Santuario Histórico de Machu Picchu, son 13 las ANP que generan recursos a través de tarifas de ingreso, sin embargo, cinco ANP concentran el 95 por ciento de la recaudación no solo porque tienen más visitas sino porque han logrado establecer tarifas acordes con la singularidad del atractivo.
Entre ellas se encuentran el Santuario Histórico de Machu Picchu, Parque Nacional del Manu, Reserva Nacional de Paracas y Reserva Nacional de Tambopata.
El Minam presentó hoy el libro Valoración Económica del Turismo en el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas del Perú, el cual resalta el potencial del turismo como actividad integradora en el desarrollo nacional.
En la mencionada publicación se propone que las tarifas de ingreso de uso turístico sean revisadas y ajustadas en base a un criterio técnico, sustentado en un análisis de costos reales y de demanda.
“Se deberían analizar e implementar nuevos mecanismos de cobro de entradas como, por ejemplo, el cobro a través de tarjetas de crédito, cobro directo por operadores turísticos y otras facilidades de recaudación”, señala.
Asimismo, sostiene que no capturar el valor real del mercado se debe a que existe una norma que prohíbe la diferenciación por nacionalidad en el cobro de servicios públicos en Perú, lo cual no tiene en cuenta la capacidad adquisitiva de los turistas extranjeros respecto de los nacionales.
Otro argumento para la diferenciación tarifaria está basado en los impuestos pues mientras la población peruana contribuye con sus impuestos al mantenimiento de las áreas protegidas, los extranjeros no lo hacen.